El compromiso democrático, las formas de democracia y el debate ideológico

El debate sobre los “acuerdos democráticos” y su inserción en el sistema político es un tema largamente manejado en los ámbitos del poder y en la sociedad paraguaya, al menos desde la caída del régimen stronista. En el afán de conciliar posturas, quiebres o incompatibilidades, herencia natural de una larga dictadura, e instalando en el discurso el temor por la ingobernabilidad y la desestabilización política que pudieran hacer retroceder el proceso, se intentó encontrar el camino para “asegurar la gobernabilidad”. Así, en el marco de la institucionalidad democrática, la propuesta se concretó sobre la base del reparto de cargos públicos, en especial en el Poder Judicial, en un acuerdo político partidario que se dio en llamar “Pacto de Gobernabilidad” en 1995. El Pacto de Gobernabilidad no hizo más que ahondar prebendarismo y clientelismo, ahora, más allá del Partido Colorado.

Otro intento de “asegurar la gobernabilidad” se dio en el proceso que concluyó con el “Gobierno de Unidad Nacional”. En 1996 el Gral. Lino Oviedo llevó adelante un intento de golpe de estado contra el régimen constitucional del Pte. Wasmosy, el cual termina siendo desactivado en el mismo seno de las FFAA. El Gral. Lino Oviedo va preso por aquel proceso en 1998 y su delfín, Raúl Cubas Grau, gana las elecciones de 1998 y lo deja en libertad. El 23 de marzo de 1999, el vicepresidente Argaña es asesinado y desata una reacción popular en contra del gobierno de Cubas con Lino Oviedo en el ojo de la tormenta. Las jornadas de protesta concluyen, luego de 7 muertes de manifestantes jóvenes del “marzo paraguayo”, en la renuncia de Cubas y la asunción del “Gobierno de Unidad Nacional”, una vez más sobre la base de un acuerdo político partidario. “El Gobierno de Unidad Nacional” concluye con el presidente mas impopular de la era democrática, Luis Ángel González Macchi, y el Partido Colorado como solitario miembro de un gobierno de unidad desmembrado, con innumerables denuncias de corrupción y altísimos niveles de ineficiencia.

Hoy, luego de uno de los mas importantes acontecimientos políticos después del golpe de 1989 que derrocara a Stroessner y con el cual efectivamente se logra concretar la transición democrática, el 20 de abril, mediante la alternancia en el poder, vuelve al tapete el discurso del pacto de carácter político partidario como herramienta para “asegurar la gobernabilidad” pero ésta vez con un fuerte componente ideológico y subjetivas apreciaciones sobre conceptos políticos como el de democracia, participación ciudadana, sistemas políticos o la representatividad democrática, temas que incluso en el academicismo mas confesional, tanto conservador como progresista, se hallan todavía en abierto debate y construcción.

El “compromiso democrático”, cuyo primer borrador fuera elaborado unilateralmente por el Partido Patria Querida y el Presidente del Congreso Nacional, fue presentado a los partidos políticos parlamentarios y a los poderes del estado para su firma. El poder Ejecutivo, elaboró una contrapropuesta a tal documento proponiendo el cambio en su lógica discursiva para hacerlo en lenguaje más constructivo, mas concreto, sobre la base de principios claros y en defensa de la mayor y mejor inclusión y participación real de la ciudadanía en el debate político nacional y en la construcción misma de un gobierno participativo.

El texto del “Compromiso Democrático” que finalmente presentó el Presidente del Senado, no contempló sino muy superficialmente las recomendaciones propuestas por el Ejecutivo, razón por la que el Presidente de la República se negó a firmar tal texto.

Ante esta situación, el Presidente Fernando Lugo manifestó en su carta al Presidente del Congreso Nacional, que no estaba de acuerdo con los términos del texto finalmente propuesto, entre otras cosas, por que “el contenido del documento propuesto no condice con nuestra mirada esencial de concepto democrático, que no se debe basar solamente en la representatividad como medio y fin, sino en el ideal de la participación de la ciudadanía como protagonista y beneficiaria de un compromiso democrático…”

Dicha respuesta al Presidente del Congreso, no afirma en ningún punto, ni de forma directa ni de manera solapada, alguna posibilidad de ruptura de la institucionalidad democrática o de sustitución o socavo de la misma, basta simplemente con leer las declaraciones respectivas.

Más allá de cuestiones políticas coyunturales subyacentes, se puede afirmar que el debate profundo y necesario sobre la democracia y sus herramientas de inclusión, las cuales son reducidas por el “Compromiso Democrático” a la participación en elecciones, está, en tal declaración, sentenciada a muerte.

El peligroso ejercicio de la dialéctica sobre la base del maniqueísmo, así, “quien no es amigo es enemigo” hace de este “Compromiso Democrático” una trampa política para encorsetar el proceso de ampliación, cualitativa y cuantitativa de la democracia, y congelar el sistema de partidos y el sistema de representatividad, relegando a la ciudadanía a simples observadores del proceso sin posibilidad de incidir de manera efectiva, real y concreta, en el proceso democrático mas allá de las elecciones cada 5 años.

Además de haber sido una promesa electoral del Presidente Lugo, la mayor inclusión e incidencia de la ciudadanía en el debate político y en el desarrollo mismo del proceso de gobierno, es un tema que se plantea sin rubores, ni temores, ni dramatismos en el ámbito político de diversos países o en el ámbito académico de las ciencias políticas o sociales.

En Paraguay, el fuerte componente ideológico conservador, fruto de 60 años de exclusión social y hegemonía de una clase política que ahora ve amenazada su histórica condición privilegiada, derivada de un sistema de partidos y representatividad que garantiza la inmunidad en la gestión política, hace que cualquier indicio mínimo de cuestionamiento (no existe ningún proyecto en concreto) que presente la posibilidad de reforma del estatus quo hacia mejores condiciones de inclusión política de la ciudadanía, son vinculados, tanto por la prensa como por el bloque conservador mayoritario en la clase política nacional, con modelos por ellos mismos satanizados como Cuba, Venezuela o Ecuador y hasta la extinta URSS, generando paralelismos inexistentes y amenazas de “quiebres democráticos” con el objeto de desacreditar cualquier posible iniciativa al respecto al decir que se trata de reminiscencias de “trasnochadas consignas políticas” o “fracasados experimentos” entre otros argumentos peyorativos.

El “compromiso democrático” fue presentado por sus defensores y por la prensa, casi en su totalidad y con amplio destaque, como la solución definitiva a las desavenencias generadas entre los estratos y facciones políticas de la sociedad nacional. Fue presentado como un maniqueísta manifiesto que plantea que la adhesión o no a sus términos es una determinante del carácter democrático del pensamiento o gestión del firmante. Recordando lo manifestado al principio y a los efectos de entender de qué se trata la situación, algunos de los firmantes son por ejemplo, el Gral. Lino Cesar Oviedo, golpista quien se ha erigido ahora en defensor del estricto cumplimiento de la Constitución Nacional o el partido del Senador Juan Carlos Galaverna, quien declaró públicamente su participación en la manipulación del resultado de las elecciones internas de su partido, el que, entre otras cosas, sustentó políticamente la dictadura stronista por 35 años. También han sido firmantes de este acuerdo, senadores y diputados que no acompañaron la propuesta de repudio al golpe militar acaecido en Honduras cuando el mismo fuera presentado para su aprobación en el Parlamento Nacional. Son personas como éstas las que hoy se erigen en paladines de la democracia y en eruditos de las consignas populares.

Pero mas allá del aspecto subjetivo del debate, en lo concreto del texto del “Compromiso Democrático” pueden entenderse las razones por las cuales el Poder Ejecutivo ha decido postergar su adhesión al acuerdo.

El Presidente de la República decidió no firmar compromisos hasta la consecución de un consenso mas constructivo, mas propositivo, sobre la base de la inclusión social, la democracia participativa y el entendimiento de que partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales o ciudadanía en general, son actores propios y válidos de una democracia y que tal no puede reducirse al voto cada cinco años, al sistema cerrado de representación partidaria, al sistema de partidos o al régimen clásico republicano.

La no firma del “Compromiso Democrático” no significa el menoscabo de la democracia representativa y sus instituciones tradicionales por parte del Ejecutivo, sino todo lo contrario. Se considera necesario ampliar cuantitativa y cualitativamente la democracia como mecanismo de legitimación popular constante, de rendición de cuentas permanente, de participación ciudadana real y efectiva.

La no firma del “Compromiso Democrático” no significa el rechazo a los “acuerdos políticos”. El Poder Ejecutivo no se niega al consenso como solución de las discrepancias ni a la firma de compromisos como herramientas de construcción política.

No puede considerarse “acuerdo” un texto que se construye sobre la base de las sospechas. No puede firmarse un documento que plantea amenazas a la democracia pero sin identificarlas. No puede considerarse “acuerdo” un documento que no se consensúa y surge desde la idea de un sector y pretende imponerse como verdad inamovible, en fin, no puede firmarse un documento político que no contenga principios claros sino que esté plagado de amenazas, sugestiones, subjetividades, dudas o solapadas acusaciones.